- Especialista en derecho penal señala que a pesar de que el Perú es uno de los países con las mayores penas, estas no están cumpliendo con su rol disuasivo.
- En este caso en particular, la pena podría ir de 35 años a más, por considerar la amputación de dedos como agravante.
El secuestro de la empresaria Jackeline Salazar tiene a todo un país en vilo. Los altos índices de violencia y criminalidad en el Perú han puesto a empresarios, profesionales y a cualquier ciudadano de a pie en la mira de los delincuentes. Los esfuerzos de las autoridades parecen no ser suficientes, pese a las altas penas de nuestro sistema procesal penal hacia estos hechos delictivos.
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La pena para el delito de secuestro es una de las más graves porque implica el dolo; es decir, la intención de privarle la libertad a la víctima para aplicar otros delitos conexos como la extorsión, trata de personas, narcotráfico, robo de órganos, etc. Por ello, la pena va de 20 a 30 años.
Secuestro de la empresaria
En el caso de la empresaria, la pena a aplicarse podría ser de 35 años por existir agravantes como amputar un dedo de la mano. Según las noticias, se encontró una ecografía que, de pertenecer a la empresaria, agravaría el delito, pues pondría no solo en riesgo a la joven, sino también a otra posible vida. En este caso, la sanción iría hasta cadena perpetua, tal y como establece el artículo N.° 152 del Código Penal.
“El delito de secuestro, más que privarle de la libertad o movilidad a un ser humano, es también una amenaza contra su vida. Es causarle un daño psicológico, físico y moral, el cual repercute en su entorno familiar, profesional e incluso en nuestra comunidad. Crea temores y daños al país, ya que con esta inseguridad se van disminuyendo el número de inversionistas”, mencionó María Guzmán Cobeñas, abogada penalista.
En otro momento, la especialista en derecho penal hizo referencia sobre los dos tipos de agravantes en este tipo de delitos.
Sube de 30 a 35 años cuando surgen ciertos actos por parte del agresor como actuar con crueldad, poner en peligro la vida del secuestrado, si la víctima adolece de una enfermedad grave, es madre gestante, si es funcionario o servidor público del Estado peruano, si el objetivo es la comisión de otro delito como obtener información con la intención de ingresar a una agrupación criminal u obtener tejidos orgánicos, entre otros.
Llega a cadena perpetua si:
- El agraviado es menor de edad o mayor de setenta años.
- El agraviado sufre discapacidad y el agente se aprovecha de esta circunstancia.
- Si causa lesiones graves o muerte al agraviado durante el secuestro o como consecuencia de dicho acto.
Violencia en actos delictivos
“La violencia es la madre de todos los delitos y esta va en creciente alzada. Necesitamos una reforma que permita el retorno de algunas figuras como el servicio militar obligatorio, las escuelas con formación tecnológica gratuita, la educación y orientación al educando. No podemos dejarlo todo para cuando nuestros hijos sean adultos y sea la universidad quien los eduque”, señaló la especialista.
Aunque somos uno de los países con mayores penas, estas no están cumpliendo con su rol disuasivo. En muchos casos, los delincuentes reinciden en los mismos delitos. La Dra. Guzmán Cobeñas indicó algunas de las razones por las que muchos criminales siguen cometiendo estos actos:
- Seguir a las agrupaciones criminales extranjeras en nuestro territorio.
- El poco control de los antecedentes penales de los migrantes.
- Por la inoperancia de los fiscales en pedir prisión preventiva.
- El anonimato de las redes sociales para encubrir delitos.
- El delito de homicidio tiene una pena de 20 años, a diferencia de un secuestro; ellos seguirán delinquiendo y prefiriendo acabar con la vida de la víctima antes de ser descubiertos.
“Nuestras normas deben buscar otros medios como la adecuada política criminal a fin de lograr resocializar a los sentenciados. Una adecuada administración del sistema penitenciario, como el caso de El Salvador, con el presidente Bukele, ha logrado una reingeniería de las cárceles. Otra opción, que ya se viene dando en diferentes países, es la privatización de las cárceles, permitiendo una mejor calidad y el cumplimiento de la resocialización. Sin embargo, como ciudadanos, no podemos olvidar que la primera escuela es la casa y que es nuestra labor educar a nuestros hijos con valores que los acompañen el resto de su vida”, agregó Guzmán Cobeñas.
«Asimismo, la abogada penalista considera que, a pesar del apoyo de la Interpol o Policía Internacional, nuestros efectivos realizan una labor de inteligencia con poco presupuesto. Frente a ello, existe una dicotomía. La policía detiene a los delincuentes y al poco tiempo, por falta de evidencias, son puestos en libertad, impidiendo que los fiscales cumplan con pedir prisión. La mayoría pueden ser denunciados ante los órganos de control por no aplicar el debido proceso, y los acusados cuentan con medios de defensa que también reclaman su liberación, como el habeas corpus y el levantamiento de la prisión preventiva”, acotó.
Finalmente, la docente de la UCV recomendó que, en caso de peligro o alerta, debemos mantener una comunicación fluida con nuestros familiares, compartir nuestra ubicación geográfica con ellos de manera activa a fin de no perder el contacto ante estas situaciones y cambiar siempre nuestras rutas a fin de no ser predecibles.